La puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes es una gran oportunidad para dar cobertura sociosanitaria a todas las personas que están en esta situación en España, más de 1.300.000. Ahora bien, es un reto para las administraciones locales y autonómicas. Para compartir estas esperanzas e inquietudes fui invitada a formar parte de una mesa redonda en Madrid junto con representantes del Ayuntamiento de Madrid, de la Diputación de Guipúzcoa y de la Comunidad de Castilla León. La ciudad de Zaragoza tiene el 50% de toda la población aragonesa y hasta ahora hemos atendido los diversos servicios encaminados a mejorar la calidad de vida de estas personas, en absoluta soledad ya que el Gobierno de Aragón no ha hecho sus deberes. La colaboración con esta administración se hace imprescindible porque el Ayuntamiento no puede llevar en solitario la atención social que también corresponde al gobierno aragonés. Desde la Concejalía que dirijo, estamos atendiendo ya a más de 11.000 personas mayores a través de servicios como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o el programa respiro, además de contar con la excelente Casa Amparo, residencia en la cual viven 180 personas mayores.
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